Cuando la justicia calla a la prensa: la situacion en México
- El Ancla, en Centro de Medios
- hace 11 horas
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Organizaciones de defensa de la libertad de expresión denuncian que funcionarios y políticos mexicanos utilizan demandas y órdenes judiciales para intimidar a periodistas y medios de comunicación.
México, históricamente considerado uno de los paises mas peligrosos para ejercer el periodismo, enfrenta una nueva amenaza contra la libertad de prensa, Además de la violencia que ha dejado cerca de 180 periodistas asesinados desde el año 2000, comunicadores y organizaciones internacionales alertan sobre el incremento en el uso de mecanismos legales para censurar y desgastar a la prensa critica.
En los últimos meses se registraron casos que encendieron las alarmas. Una fiscalía estatal acuso a un periodista de terrorismo por su cobertura de hechos vinculados al crimen organizados; una tribunal ordeno a un columnista eliminar un articulo que relacionaba a una candidata politica con el redes criminales; y una jueza prohibio a un periodico mencionar a una gobernadora sin la autorizacion previa de un revisor judicial.
Para Leopoldo Maldonado, director de la organización de defensa de la libertad de prensa Artículo 19, estas acciones buscan intimidar a los comunicadores. “Lo que estamos viendo es que funcionarios del gobierno están activando el poder judicial para amedrentar, no para reparar un supuesto daño a su honor o reputación, sino para someter a los periodistas a un desgaste prolongado”, afirmó para el New York Times.
La situacion tambien fue advertida por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que este año ubicó por primera vez a México en el nivel de “alta restricción” de su índice de libertad de expresión, señalando un aumento en el uso de demandas y otras herramientas legales para acallar las críticas al poder.
La relación entre el poder y los medios
Durante administraciones anteriores , el gobierno destinó cientos de millones de dólares en publicidad oficial, un recurso que, según denuncias, era utilizado para presionar a los medios y condicionar la publicación de determinadas investigaciones. Ese gasto disminuyó durante el gobierno de Andres Manuel Lopez Obrador, quien, sin embargo, mantuvo una relación conflictiva con la prensa mediante sus conferencias matutinas, donde frecuentemente desacredita y expone a periodistas críticos.
La actual presidenta, Claudia Sheinbaum, adoptó un tono menos confrontativo y ha manifestado su apoyo a la libertad de expresión. “Siempre hay que elegir la libertad de expresión por encima de todo", declaró en enero, aunque sostuvo que los periodistas también deben responder ante la ley si cometen algún delito.
El caso de Rafael Leon: de periodista a acusado de terrorismo
Uno de los casos más resonantes es el de Rafael León, periodista especializado en información policial en la ciudad de Coatzacoalcos. En la víspera de navidad pasada fue detenido en la puerta de su casa, por un auto sin placas y con hombres armados. Fue acusados de terrorismo, obstruccion y de recibir sobormnos de grupos delictivos. Tras las criticas publicas de la presidenta Sheinbaum, los cargos por terrorismo fueron retirados. Sin embargo, León permaneció casi un mes bajo arresto domiciliario y aún enfrenta otras acusaciones, situación que lo llevó a reducir significativamente su trabajo periodístico.
La libertad de prensa en una encrucijada
Las organizaciones de derechos humanos y de defensa de la prensa advierten que, aunque menos visible que la violencia física, la utilización del sistema judicial para perseguir periodistas representa una nueva forma de censura que pone en riesgo la libertad de expresión y el derecho de la sociedad a estar informada. Por eso nos preguntamos ¿puede existir una democracia plena cuando el periodismo trabaja bajo amenazas y presiones judiciales?
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