EL AGUA NO SE NEGOCIA

El agua no se negocia. Con esa consigna marcharon miles de mendocinos en 2007, cuando se aprobó la Ley 7722, que regula la megaminería y limita el uso de sustancias químicas en la extracción minera. Tras meses de lucha social y cortes de rutas, la Legislatura provincial sancionó el 20 de junio de 2007 la norma, conocida desde entonces como la Guardiana del Agua de Mendoza.

Sin embargo, casi dos décadas después, el gobernador Alfredo Cornejo, con el respaldo político del presidente Javier Milei, impulsó que este miércoles 10 de diciembre se vote en el Senado mendocino la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) que habilita la explotación del Proyecto San Jorge Cobre Mendocino, ubicado en Uspallata. La iniciativa fue aprobada con 29 votos afirmativos y 6 negativos.

La megaminería metalífera a cielo abierto en Mendoza dejó de ser una hipótesis futura o una amenaza abstracta: pasó a ser una decisión política explícita. El avance extractivo ya no se filtra por los márgenes, sino que entra por la puerta grande del Estado, con aval legislativo y retórica institucional.

El paquete de leyes que habilita este giro obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados el pasado 26 de noviembre. No se trata de una norma aislada, sino de un andamiaje legal completo pensado para garantizar condiciones favorables a la expansión minera. Entre los puntos aprobados se incluye el permiso para la exploración de 27 proyectos en el Malargüe Distrito Minero Occidental (MDMO) II, habilitando un protocolo específico para intervenir en ambientes periglaciares, zonas especialmente sensibles desde el punto de vista hídrico y ambiental.

El combo se completa con la creación de un Fondo de Compensación Ambiental que, bajo el discurso del resguardo ecológico, funciona en los hechos como un mecanismo de auxilio estatal a empresas privadas, trasladando los costos del daño ambiental a la esfera pública. A esto se suma una nueva Ley de Regalías, que consolida un esquema conocido: solo el 3% quedará en la provincia, una cifra idéntica a la establecida durante la década menemista y completamente desfasada frente a los impactos territoriales de la actividad.

Así, mientras el discurso oficial promete desarrollo, empleo y progreso, la letra chica dibuja otro escenario: territorios expuestos, agua en riesgo y un Estado que actúa más como garante del negocio que como protector del bien común. 

La reacción social no tardó en llegar. Miles de personas volvieron a movilizarse en distintos puntos de la provincia, retomando las mismas banderas de 2007: el agua no se negocia y no a la megaminería contaminante en Mendoza.

En diálogo con Futurock, Marcelo Giraud, geógrafo, docente de la UNCuyo e integrante de la Asamblea Popular por el Agua, advirtió sobre los riesgos del proyecto:

“Hay un temor fundado, no paranoico, de que pueda llegar a afectar las aguas subterráneas del acuífero del arroyo Uspallata y, por ende, del río Mendoza, del cual es afluente”.

Giraud agregó que los peligros van más allá de lo técnico y atraviesan la vida cotidiana de la provincia:

 “Los riesgos que entraña esta mina son múltiples, pero el agua es lo que más preocupa al conjunto de los mendocinos, sobre todo la posibilidad de contaminación del agua que bebemos tres de cada cuatro mendocinos aguas abajo. No soy fatalista, pero los riesgos son muy altos”.

Para las asambleas y organizaciones socioambientales, el proyecto no ofrece beneficios reales para Mendoza. Denuncian que los lobbies mineros concentran las ganancias, las remiten al exterior y dejan como saldo pasivos ambientales irreversibles, con impacto directo sobre el agua y el territorio.

En pleno 2025, ninguna provincia minera muestra resultados positivos en términos de desarrollo, empleo sostenible o bienestar social a partir de la megaminería a cielo abierto. Lo que sí queda, una y otra vez, es el mismo escenario: ambiente degradado, agua en riesgo y comunidades que vuelven a salir a la calle para defender lo básico.

Más de un millón y medio de personas tres de cada cuatro mendocinos consumen agua que proviene del acuífero Uspallata, conectado al río Mendoza y articulado hidráulicamente con el río Tunuyán inferior. No es un dato técnico menor: se trata de la principal reserva hídrica de la provincia, la que sostiene la producción agrícola, la vida urbana y el consumo cotidiano del norte mendocino.

Sobre esa cuenca se proyecta ahora el avance minero. El riesgo no es abstracto ni hipotético. El drenaje ácido de las futuras escombreras y el depósito de colas mineras colocan a las aguas subterráneas en la línea directa de exposición a metales pesados y compuestos tóxicos. Una vez contaminado un acuífero, no hay obra de remediación rápida ni solución tecnológica milagrosa: el daño es profundo, persistente y, muchas veces, irreversible.

Por eso la consigna vuelve a las calles con la misma fuerza que en 2007. No es nostalgia ni romanticismo ambiental. Es memoria política y sentido común. En una provincia seca, donde el agua organiza la vida, poner en riesgo la cuenca principal equivale a hipotecar el futuro. Y esa es una decisión que, por más que se vote en un recinto, sigue encontrando un límite claro del otro lado: el territorio y quienes lo habitan.