El derecho a la vivienda en jaque

En un contexto marcado por la investigaciones sobre la causa $LIBRA y las propiedades de Adorni, el oficialismo avanza con una ambiciosa reforma que pone en riesgo a cinco millones de argentinos.

Foto de una edificación precaria, por TECHO Argentina

El proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo en marzo se suma a la batería de reformas impulsadas por el gobierno para desregular el Estado. Apunta a reforzar el derecho de propiedad, limitar el accionar estatal en la expropiación de bienes y acelerar el proceso de desalojo. Su aprobación tendría implicancias en la venta de tierras rurales y tierras afectadas por el fuego a extranjeros, como también en el registro de titularización de propiedades en barrios populares. 

Organizaciones pertenecientes a la Mesa Nacional de Barrios Populares advierten que la reforma atenta contra la seguridad de más de un millón de familias. Según el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el riesgo de desalojo y la transferencia de responsabilidad a municipios y provincias sin un mecanismo concreto corroe el consenso democrático sobre la Ley 27.453. Este retroceso forma parte del plan de desmantelamiento sostenido los últimos dos años con el desfinanciamiento del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU) y la paralización de obras públicas. 

Mientras tanto, Federico Sturzenegger, Ministro de Desregulación y Transformación del Estado, defendió la iniciativa el mes pasado en el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General. Sostuvo que “el único insumo que Argentina nunca pudo poner sobre la mesa es el respeto a los derechos de propiedad” y lo calificó como “la base y pilar fundamental del crecimiento económico”. El proyecto está en tratamiento en el Congreso y posiblemente se debatirá en los próximos días.  

Principales ejes de la reforma

1. Expropiaciones: Con el fin de limitar la expropiación de bienes, la ley establece una percepción más restringida del principio de “utilidad pública”. También habrá un cambio en el régimen de indemnizaciones: el Estado deberá abonar la totalidad del inmueble antes de intervenirlo. 

2. Desalojos: Un objetivo del proyecto oficialista es acelerar el proceso de desalojo y pasarlo al trámite sumarísimo, el más breve del Código Procesal. Permitirá la desocupación anticipada antes de la emisión de la sentencia y fijará una intimación previa de 3 días por falta de pago. 

3. Barrios populares: Las provincias y municipios cumplirán un rol más activo en los procesos de regularización dominial y urbanización. Mientras que en el sistema actual el Estado controla las expropiaciones de inmuebles en barrios populares y su posterior transferencia, la ley propone eliminar la expropiación generalizada. Juan Maquieyra, director ejecutivo de TECHO Argentina, señaló que las medidas ponen en riesgo a más de un millón de familias que podrían ser desalojadas en beneficio de los negocios inmobiliarios. 

4. Tierras rurales: Actualmente, la norma vigente determina que el tope de tierras rurales en manos de personas, inversores o empresas extranjeras no puede superar el 15% y que ninguna nacionalidad extranjera puede superar el 30% de ese 15%. La reforma apunta a eliminar estos límites. Solo los Estados y organismos públicos extranjeros tendrán prohibido adquirir tierras, a menos que el Ejecutivo determine que no supone un riesgo para la seguridad nacional.

5. Manejo del fuego: La actual Ley de Manejo del Fuego establece prohibiciones para los terrenos incendiados, que durante 60 años no pueden cambiar el uso del suelo, realizar loteos inmobiliarios o vender tierras fiscales. El proyecto oficialista busca proteger solo a los bosques nativos y eliminar el plazo de 60 años. También reduce las restricciones posteriores al incendio y flexibiliza el uso del suelo en pastizales, praderas y otras áreas.

Nota de autor

Mientras que los alquileres suben por encima de la inflación, el oficialismo busca impulsar una reforma que beneficia a los actores privados con más poder. La modificación y eliminación de las reglas jurídicas que regulan la tenencia de tierras implica la vulneración de uno de los derechos más fundamentales: el derecho a la vivienda. En un país donde más del 10% de la población vive en barrios populares, ¿puede la ley entender la tierra como una mercancía? 

🔗 Acá podes acceder al texto del proyecto de ley.

Una nota escrita por Francisco Sánchez.