El orden según Bullrich: pasado, presente y futuro

Del caso Maldonado a la represión de jubilados en el Congreso: la persistencia de un modelo de seguridad que no protege, sino que disciplina.

La pava estaba al borde del hervor y yo mataba el tiempo scrolleando Twitter cuando apareció la noticia: Bullrich renunció al Ministerio de Seguridad. Me permití unos segundos de celebración doméstica, como si el clima político hubiera aflojado un poquito. Pero bastó seguir leyendo para que todo volviera a su lugar: renunció para asumir como senadora. O sea, no se iba a ningún lado. Cambiaba de despacho nomás.

En 2017, bajo el gobierno de Mauricio Macri y con Patricia Bullrich al frente del Ministerio de Seguridad, pasó algo que me atravesó para siempre. No porque fuera la primera vez que escuchaba la palabra “represión”, sino porque fue la primera vez que entendí que la política no vive en los noticieros: vive en la piel. 

La desaparición de Santiago Maldonado, después de un operativo de Gendarmería en Cushamen, me mostró que el Estado también puede tocarte la puerta, entrar sin pedir permiso y reordenarte la vida de un golpe. Ese episodio no fue un error aislado ni un desliz institucional: fue un programa político. Una forma de entender la seguridad que criminaliza al otro (al mapuche, al trabajador, al sindicalista, a cualquiera que no encaje en el álbum de figuritas del “buen ciudadano”) y que justifica la violencia estatal bajo la premisa del “orden” y esa especie de “interés general” que, curiosamente, casi siempre coincide con los intereses de los mismos de siempre, los que pretenden mantener a la población acomodada bajo una hegemonía perfectamente envasada al vacío. Y cuando apareció el cuerpo de Maldonado, 77 días después, buena parte del país comprendió dos cosas: que el “orden” puede costar vidas y que el miedo no es un daño colateral. Es un instrumento. Es parte del manual.

Ocho años después, en pleno gobierno de Javier Milei, y con Bullrich reinterpretando su propio personaje en el Ministerio de Seguridad, la historia se repite con la obstinación de una fotocopiadora rota. Todo mientras escuchamos discursos iluminados sobre cómo “una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre”. Y sin embargo, acá estamos, mirando a los mismos de siempre borrar y volver a escribir los mismos guiones, como si la seguridad fuera un teatro donde los protagonistas cambian de vestuario pero nunca de libreto.

El 12 de marzo de 2025, una marcha de jubilados frente al Congreso —personas que piden lo básico: medicamentos, dignidad, un respiro— terminó en una represión digna de un país que parece empeñado en enseñar que no hay edad para recibir palos. Entre gases, balas de goma y camiones hidrantes, más de 120 detenidos, decenas de heridos y un fotógrafo, Pablo Grillo, con fractura de cráneo por hacer su trabajo completaron un cuadro de violencia estatal que no necesita explicación: se ve, se escucha, se siente. Y la respuesta oficial, tan previsible como cruel, redundó en “protocolo” y “aseguramiento del espacio público”, como si las palabras pudieran lavar la sangre o despejar la violencia de una escena de la que todos fuimos testigos.

Las fotos y los videos no dejan margen para la duda: la protesta se lee como amenaza y el reclamo como delito. La estrategia es sencilla y se teje como un plan perfecto: transformar al ciudadano en una amenaza que opera contra el “orden”, convertir cada marcha en un aperitivo disciplinador, una advertencia explícita de lo que les pasaría a los demás si no aceptan en silencio las medidas del gobierno. La doctrina del miedo hace su trabajo. El Estado se posiciona como árbitro del “sano orden” en lugar de garante de derechos, y en ese desplazamiento se legitiman desapariciones, torturas, golpes, fracturas de cráneo. Lo llaman “seguridad”; las víctimas lo recuerdan de otra manera.

El 30 de noviembre de 2025, Bullrich abandona el Ministerio de Seguridad para asumir como senadora el 10 de diciembre. Pero el cargo no se abandona: trasciende. Lo demuestra la salida prolija, acomodada en una carta que habla de “mandatos cumplidos” y, valga la redundancia, de un “orden recuperado”. Llega Alejandra Monteoliva a ocupar el sillón, con una continuidad técnica que no sorprende a nadie, y la pregunta que queda flotando no es quién ocupa el cargo, sino qué hacemos con el clima político que queda suspendido en el aire como gas lacrimógeno después de una descarga. Bullrich se va al Senado, pero el efecto Bullrich sigue acá, respirándonos en la nuca, avanzando sin freno, sin autocrítica y sin memoria.

Lo que viene no será sencillo. La arquitectura del miedo ya está montada, aceitándose sola y sin necesidad de nombres propios. Cambiar eso requiere más que un recambio de funcionarios: exige desarmar narrativas, interpelar discursos que se repiten como mantras, en las redes y en las calles, y animarnos a cuestionar la idea de que el único orden posible es el que se impone a fuerza de escudos y balas de goma. El futuro, si no hacemos nada, corre el riesgo de ser una versión más pulida del presente.

Y tal vez lo que verdaderamente hace falta es renunciar a esta idea de país gobernado desde el miedo, como si el miedo fuera un precio natural de la ciudadanía. Quizás, si nos atreviéramos a escuchar otras voces podríamos imaginar un orden distinto. Uno que no necesite blindar el Congreso para sentirse fuerte ni apagar las calles para sentirse legítimo. Un orden que no encuentre su estabilidad en el silencio, sino en la justicia; uno que no mida su éxito por la cantidad de escudos desplegados, sino por la cantidad de derechos garantizados. Un orden que, por primera vez en mucho tiempo, no nos pida tener miedo para poder exigir.

Escrita por: Morena Caballero