La prohibición de limpiavidrios y el desafío del acceso al trabajo formal

Se aprobó la reforma del Código de convivencia con 51 votos a favor y 19 en contra. Estas modificaciones buscan la prohibición del trabajo de limpiavidrios, regular el de cuidacoches (siempre y cuando el municipio habilite la actividad) y amplía las facultades al aparato policial para su cumplimiento.

El pasado 8 de abril, la legislatura de Córdoba aprobó una serie de reformas en el Código de convivencia, entre las que se destaca la prohibición de la actividad de limpiavidrios y cuidacoches no registrados en la vía pública. 

En un principio, esta propuesta fue presentada en la unicameral en el año 2024 por el legislador libertario Hernandez Maqueda, y se trató bajo una consigna clara:  “Es innegociable la prohibición de esta actividad para mantener el orden en el espacio público”. El legislador sostuvo que la medida busca ‘‘Evitar situaciones de violencia asociadas a estas prácticas”. Luego, el proyecto fue retomado con la misma consigna en 2025 por el ejecutivo provincial (Gobernador Martín Llaryora y el ministro de seguridad, Juan Pablo Quinteros) y finalmente, tras meses de debate, se llegó a un consenso con 51 votos a favor y 19 en contra. 

Teniendo en cuenta que esta medida se inscribe en un contexto de recesión económica, con una tasa de desempleo del 7,5% (según datos del INDEC sobre el último trimestre de 2025)  son los sectores más vulnerables los que quedan a la deriva de una crisis estructural por la falta de oportunidades laborales, lo que en muchos casos lleva a generar trabajos informales que les permitan una subsistencia diaria.

Limpiavidrios con sus herramientas de trabajo.

‘Con lo que gano no puedo cubrir los gastos de mi hijo’ nos cuenta Carlos Zárate, quien hace 18 años se dedica al trabajo popularmente conocido como ‘naranjita’.

Entonces, ¿Cuáles son las alternativas de subsistencia para las personas a las que se dirige la reforma? Esta parece tener un enfoque más restrictivo por sobre la búsqueda de una alternativa a la desocupación, ya que son mayoría los artículos que están orientados a medidas punitivas, o a delegar mayor potestad al aparato policial, mientras que las iniciativas de reinserción laboral son escasas, según fue publicado en el boletín oficial del pasado 24 de abril. 

‘’Artículo 12.- El Poder Ejecutivo Provincial acompañará a los Municipios y Comunas en el marco de sus propios programas de capacitación, reinserción e inclusión, contemplando un abordaje integral en materia de salud mental y consumos problemáticos, mediante el desarrollo de cursos y capacitaciones en oficios brindados por la Universidad Provincial de Córdoba u otros organismos pertinentes.’’

Si bien este punto forma parte del debate público, distintas voces como las del arzobispado de la ciudad rechazan esta medida y pese a que reconocen la importancia de tener esta discusión, advierten que no debería saldarse con medidas punitivas, sino con medidas que garanticen la intervención estatal y contención social de estas personas. 

La prohibición no sólo silencia el problema de fondo que es la accesibilidad al mercado laboral, y el estigma que cargan las personas que realizan estos trabajos, como señala Carlos: ‘La gente nos tilda de violentos y nosotros solo queremos trabajar’,  sino que también evidencia una desconexión entre lo que se discute a nivel institucional sobre el “ordenamiento del espacio público” a través de medidas orientadas al impedimento, y las necesidades concretas en cuanto acceso al trabajo formal.

Una nota escrita por Ines Perez