Mujer, culpa y castigo

Paola Ortiz, está presa hace 13 años por parir un niño sin vida: otro fallo sin perspectiva de género.

Material de la campaña Libertad Para Paola impulsada por Católicas por el Derecho a Decidir

En 2012, en condiciones de extrema vulnerabilidad, en una habitación prestada y sin ningún tipo de acompañamiento, Paola Verónica Ortiz atravesó un parto “en avalancha”. Este tipo de partos suceden cuando el nacimiento se desencadena rápidamente, siendo un riesgo para la madre y el hijo. El bebé de la mujer nació sin vida, y la justicia cordobesa la condenó por homicidio agravado por el vínculo, castigándola con la pena máxima. Después de trece años, la madre de tres niños, sigue presa en la cárcel de Bouwer por “no haber cumplido su deber de madre”, ya que según el tribunal “tendría que haberle cortado el cordón umbilical al momento del parto”. 

La joven, que en ese momento tenía 29 años, fue condenada aunque las pruebas, según su nueva defensa, no fueran contundentes. La justicia en lugar de protegerla, la condenó, aunque el informe pericial indicaba que “no se puede aseverar si existió vida post nacimiento”. En ningún momento del proceso, la historia de Paola fue escuchada. Se trató de un juicio sin perspectiva de género y plagado de negligencias. Sumado a esto y como si fuera poco, los medios locales de Villa María -de donde es oriunda- la llamaron “mata bebés”.

La historia se repite.

Hace menos de dos meses, se estrenó “Belén”, película dirigida por Dolores Fonzi que relata la historia de una joven de 23 años, que en 2014 fue condenada a prisión luego de tener un aborto espontáneo. Al igual que en el caso de Paola, y lejos de ser algo que solo sucede en la ficción, la justicia argentina en ambos casos demuestra que no siempre es “igual para todos”. Ambas mujeres tienen en común haber tenido una emergencia obstétrica, ser pobres, ser víctimas del desconocimiento de sus derechos y no tener una defensa justa. 

No se trata de algo que quedó en el pasado, estos casos, como el de Paola o Belén se repiten constantemente en nuestro país. Mujeres pobres, algunas ya madres, que viven en contextos repletos de violencia y a los que la justicia criminaliza y revictimiza constantemente. En una realidad donde el derecho al debido proceso sólo sucede para algunas -que casi nunca son mujeres en situaciones de vulnerabilidad extrema-, el que falla una y otra vez es el Estado. Es aquí donde entra en juego la verdadera justicia social, por la cual todos, sin importar nuestros privilegios, tenemos que luchar.

Estamos ante otra víctima de una justicia patriarcal, donde la perspectiva de género sigue siendo una deuda histórica. Desde el inicio del proceso judicial, nunca se tuvo en cuenta que se trataba de una mujer que no pudo terminar el primario, que vivía bajo un contexto de violencia física, sexual y económica, que no tenía trabajo ni hogar propio. Hubo una exigencia a la jóven de conocimientos médicos y reproches por parte de la sociedad por ser “mala madre”. Durante todo el proceso, Paola fue juzgada desde mandatos patriarcales y estereotipos de género, nunca se la consideró como una víctima del contexto social que la rodeaba. 

En 2018, el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba dejó firme la condena a cadena perpetua, luego de rechazar el recurso de casación sin quejas de la defensa. Pero desde 2022, Rocío Garcia Garro y Julia Luna, integrantes de la Guardia de Abogadas feministas de “Católicas por el Derecho a Decidir” (CDD), asumieron su defensa con enfoque de género y derechos humanos. 

Desde 2018 nuestro país cuenta con la “Ley Micaela”, que establece la “capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres para quienes desempeñen funciones públicas en todos sus niveles y jerarquías”. Aunque ante estos hechos relatados y los que vemos día a día, es notable que el sistema le falla a las mujeres. Es decir, las leyes en la teoría tienen gran importancia, pero esto se ve opacado cuando vemos que en la realidad no son llevadas a la práctica, en una sociedad y ante un sistema que perpetúa las prácticas patriarcales. 

En 2024, la defensa de Paola presentó un Recurso de Revisión ante el Tribunal Superior  de Justicia de Córdoba. Todavía no hay respuestas. Ante el silencio de la justicia, la CDD lanzó en sus redes sociales la campaña ¡Libertad para Paola!, iniciativa que busca dar a conocer este caso. En la cuenta de “@cdd.argntina” podes encontrar toda la información sobre cómo ser parte de esta lucha por la libertad de Paola.

¿Qué sigue?

Los gobiernos pasan, las leyes se sancionan pero las mujeres y las disidencias estamos luchando contra la deuda histórica que tiene el país para con nosotras, con la falsa perspectiva de género de la que se jactan quienes detentan el poder. Estamos en un contexto donde los derechos de las mujeres son vulnerados a lo largo y ancho del país, donde se quiere tirar abajo la perspectiva de género, donde nuestras voces son silenciadas y puestas en duda. La violencia de género es más que la cifra de femicidios que suceden en el país. Violencia de género es aquello que sufren todas las mujeres que no son escuchadas, todas aquellas a las que el sistema revictimiza, y sobre todo aquellas mujeres que como Paola y Belén son encarceladas por algo como una emergencia obstétrica; aquello sobre lo que los medios hegemónicos no hablan. 

Por todo esto y por todas las víctimas que no son noticias, es que debemos unirnos para no volver ni un paso atrás con los derechos conquistados. Y por aquellas leyes que logramos conquistar pero que siguen sin cumplirse.

Escrito por: Luciana Carrizo