Sin agua y sin voz: glaciares y una audiencia no tan pública

#LaLeyDeGlaciaresNoSeToca Activistas sostienen una bandera frente al glaciar Perito Moreno, en Santa Cruz, durante una acción en defensa de la Ley de Glaciares N° 26.639

Los pasados 25 y 26 de marzo fueron las audiencias públicas para la reforma de la Ley de Glaciares de Argentina. Más de 100.000 personas se anotaron para participar. Lo que generó una gran sorpresa, ya que es la primera vez que una audiencia pública es tan convocante. 

Pero… ¿Por qué son tan importantes? Los glaciares constituyen una de las reservas de agua dulce más importantes de nuestro país. El agua que proveen abastece ecosistemas y comunidades a cientos de kilómetros: es un recurso fundamental. Un recurso que, en la actualidad, está siendo cada vez más disputado.

Argentina es un país en su mayoría seco, con más de la mitad del territorio árido o semiárido, el agua proviene de los glaciares. Un ejemplo sería el río Colorado, que nace en la cordillera de Mendoza y llega hasta Buenos Aires. Gracias a esta agua de deshielo se riegan campos de cebollas, los cuales representan casi la mitad de la producción agrícola del país. Se dice que con esta reforma ríos de alrededor de 20 provincias quedarían afectados, y por ende los cultivos que de estos dependen.

La ley actual define como glaciar a toda masa de hielo estable o que fluye lentamente, con o sin agua en su interior. El área periglaciar también es considerada un regulador de los recursos hídricos. Además, uno de sus artículos prohíbe la exploración y explotación minera e hidrocarburífera, así como la instalación de industrias en estas zonas. Gracias a esta ley, hoy contamos con un inventario nacional que permite saber cuántos glaciares existen en la Argentina.

El agua, de creciente valor 

Vivimos en una época atravesada por la tecnología. Estamos rodeados de máquinas que requieren refrigeración constante y, para ello, el recurso más buscado es el agua dulce. Empresas tecnológicas, data centers e industrias vinculadas a la inteligencia artificial buscan cada vez más acceder a este recurso tan valioso.

Frente a los debates sobre tecnología, ambiente y territorio, algunos señalan que el crecimiento de infraestructuras digitales también se debe considerar un impacto en los recursos naturales. Hectáreas se verán acaparadas de estructuras las cuales solo van a recopilar y guardar datos, datos que siempre van a necesitar enfriarse.

Frente a la reforma de la Ley de Glaciares, debemos entender que se trata de un tópico que nos afecta a todos los argentinos y argentinas. Es una discusión que debería interpelarnos, porque de ella dependen nuestra biodiversidad, nuestro suelo y algo que hoy vale más que el oro: el agua.

La reforma propone avanzar hacia un deslindamiento por parte del Estado Nacional, otorgando la responsabilidad legislativa a las provincias sobre las decisiones que respecten a sus glaciares y sus zonas periglaciares. Mientras al mismo tiempo se intenta reducir el presupuesto destinado a su protección. 

Defender esta ley no es un detalle menor: significa cuidar nuestro futuro, asegurar que nuestra flora y fauna sigan existiendo. Evitando que se enriquezcan empresas que solo persiguen sus propios intereses en detrimento de los intereses de los ciudadanos. Como sucedió alguna vez en La Rioja o Mendoza. 

Todo son números. Pareciera no importar la existencia de especies nativas de flora y fauna ni los canales de río que funcionan como riego para los cultivos. Cuando las decisiones quedan en manos de unos pocos, el riesgo es claro: que todo se decida en función del valor ganancia y no del bienestar colectivo. No se tuvo en cuenta siquiera a las comunidades indígenas, ya que no se realizaron instancias de consulta previa, libre e informada.

Solo cuando el último árbol haya sido cortado, el último río envenenado y el último pez pescado, nos daremos cuenta de que no podemos comer dinero. 

Este intento de reforma desembocó en las audiencias públicas, las cuales permiten que la ciudadanía pueda participar en los procesos de toma de decisiones. Su objetivo es garantizar que estas decisiones se desarrollen de forma transparente y justa, permitiendo escuchar distintas posiciones, conocimientos y puntos de vista sobre el tema en discusión.

Un antecedente lejano pero antecedente en fin sería la 4° audiencia pública de la Defensoría del Público en Córdoba para el cumplimiento de la ley de servicios de comunicación audiovisual.

El llamado a estas audiencias fue impulsado por agrupaciones ambientales y se debe al hecho de que Argentina forma parte del Acuerdo de Escazú, el cual garantiza el derecho al acceso a la información, a la justicia en asuntos ambientales y a la participación pública en las decisiones que afectan al ambiente.

Podríamos pensar que todos los interesados tendrían la oportunidad de expresarse. Sin embargo, no fue así: solo un 1 % pudo hacerlo. De miles de personas inscritas, apenas unos pocos lograron participar. Incluso entre quienes fueron seleccionados, varios no pudieron finalmente disertar. Lo llamativo es que quienes no estaban inscritos y disertaron eran mineros, pro reforma de la ley.

Nos quieren callar, nos quieren hacer tener sed.

El proceso de elección de aquellos 360 elegidos fue al azar, les llegaba un mail diciendo que debían ir a la audiencia y en otro caso que debían subir un video o un escrito. Pero ¿Eso garantiza el ser escuchados?

Una vez más todo parece reducirse a cifras. Pero detrás de esos números hay algo mucho más profundo: territorios, especies, ríos, cultivos y comunidades que dependen de estos ecosistemas.

Decir que más de 100.000 personas se interesaron por este tema no es solo mencionar una cifra. Es reconocer que la tierra tiene valor y que hay miles de ciudadanos dispuestos a defenderla democráticamente. Permitir una reforma que debilite esta ley sería quitarnos ese valor; sería también quitarnos el derecho a hablar y a sentirnos escuchados. 

Esta reforma y el cómo está siendo tratada es inconstitucional, vulnera no sólo los principios que dispone la ley original sino también los derechos de los ciudadanos a los cuales afecta. El hecho de que haya miles de personas inscriptas en estas audiencias demuestra que los glaciares nos importan. Evidenciando así que deben hacerse valer las voces de todos. Finalmente terminaron las audiencias. Las cifras de disertantes en contra sostienen este discurso: los glaciares no se tocan.

En la última instancia de este proceso de reforma se verá si aquellos derechos vulnerados, la falta de consulta y participación tendrán efecto. Si la conciencia con respecto al ambiente surgirá en el momento de aprobarla o no. Porque no son solo glaciares, son ciudadanos, son pueblos nativos, es la tierra que habitamos.

Una nota escrita por Clara Paz.