VIVA LA CENSURA CARAJO

A días de que el Presidente se escudara en su libertad de expresión para insultar a Ian Moche, el Juez Alejandro Maraniello ordenó el cese inmediato de la difusión de los nuevos audios de Karina Milei. Esta medida viola derechos consagrados por la Constitución Nacional, leyes y pactos internacionales, a la vez que atenta contra el derecho a la información. Los allanamientos ordenados por el gobierno nacional agravan aún más la situación.

Ante la posibilidad de la publicación de nuevos audios de Karina Milei, el juez Alejandro Maraniello dictó una medida cautelar que prohíbe su difusión a través de cualquier medio o plataforma. Estas grabaciones empeorarían la situación de la hermana del presidente en el escándalo por las coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad.

Esta medida sale a la luz luego de una presentación ante la justicia por parte de la Secretaría General de la Presidencia a raíz de la emisión de un “anticipo” de los audios en el canal de streaming “Carnaval” @carnavalstreal . La cautelar emitida atenta directamente contra el derecho a la libertad de expresión y de prensa consagrados en la Constitución Nacional, la ley 25.326 de protección de datos personales y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, las que garantizan la libre publicación de información en los medios sin censura previa. Llama la atención este ataque a la libertad de expresión contra todo el periodismo argentino a días de que el poder judicial le diera la razón a Javier Milei en su cruzada contra Ian Moche en X, amparándose en el derecho del mandatario a la libertad de expresión.

Este episodio casi inédito nos lleva a dos momentos históricos: la carta abierta de Rodolfo Walsh a la Junta Militar, donde denuncia la censura y persecución de la última dictadura cívico-militar-eclesiástica a pensadores y periodistas, y a una medida muy similar dictada por la jueza Servini de Cubría contra Tato Bores en 1992, cuando le prohibió hablar en su programa de televisión sobre su persona respecto al caso de lavado de dinero que involucraba a la familia de la esposa del entonces presidente Carlos Saul Menem. Ambos episodios pusieron en evidencia la influencia del poder real en la libertad de expresión y el manejo indebido de recursos judiciales y estatales para silenciar posibles amenazas.

Medida inconstitucional

Numerosos expertos en derecho penal y constitucional, junto a un amplio espectro de legisladores nacionales, tildaron la medida cautelar del juez Maraniello de inconstitucional. La misma viola abiertamente los artículos 14 y 43 de la Constitución Nacional, donde se garantiza el derecho a publicar libremente en la prensa sin censura previa, como también la protección para las personas al denunciar el accionar ilegal y dañino de las autoridades. En el artículo 43 también se consagra el secreto de las fuentes periodísticas y exime a los comunicadores de la obligación de suprimir información a pedido de la persona involucrada. Por su parte, la Convención Americana de Derechos Humanos, en su artículo 13 dicta que la publicación de información o ideas en cualquier medio no puede estar sujeta a censura previa, más sí a posibles consecuencias posteriores, debidamente establecidas por la ley. 

Carta abierta de un escritor a la Junta MIlitar

La censura de prensa, la persecución a intelectuales, el allanamiento

de mi casa en el Tigre, el asesinato de amigos queridos y la pérdida de una

hija que murió combatiéndolos, son algunos de los hechos que me obligan

a esta forma de expresión clandestina después de haber opinado

libremente como escritor y periodista durante casi treinta años.

El primer aniversario de esta Junta Militar ha motivado un balance de la

acción de gobierno en documentos y discursos oficiales, donde lo que

ustedes llaman aciertos son errores, los que reconocen como errores son

crímenes y lo que omiten son calamidades. 

Rodolfo Walsh, 1977

No es exagerado recordar las denuncias con las que Rodolfo Walsh abría su carta a la Junta MIlitar; el gobierno de Javier Milei y sus secuaces no fallan en hacernos recordar las continuas violaciones a los derechos humanos de la última dictadura cívico-militar-eclesiástica, hechos que ellos mismos buscan difuminar de la historia y la memoria del pueblo. Tampoco está de más recordar que fue la labor periodística en general, y la publicación de esta carta en particular, lo que le costaron a Walsh la vida a manos del gobierno militar.

La medida de Maraniello, sobre quien pesan 9 denuncias en el Consejo de la Magistratura (5 por acoso sexual), viene acompañada por ordenes de allanamiento para el streaming “Carnaval” - medio que publicó los primeros fragmentos de los audios- y para los domicilios de periodistas Jorge Rial y Mauro Federico, en un claro avance contra la libertad de expresión y de prensa, además de una medida desesperada para intentar detener el inminente batacazo contra los Milei y su gestión.

Esta y tantas otras medidas del gobierno de turno sólo sirven para amedrentar los derechos que tanto tiempo, lucha y sangre nos costó conseguir. También significan un duro golpe a nuestra democracia y los pactos sociales que con ella creíamos saldados y consolidados. Se trata de un gobierno democratico trayendo de nuevo desde el pasado accionares y métodos propios de gobiernos autoritarios y queriendo llevarnos nuevamente al silencio, la mentira y al miedo de los años más oscuros de nuestra historia, también con la complicidad de un poder judicial que no vela por la justicia y los derechos del pueblo, sino por los de un selecto grupo de quien es cómplice hace años.

La jueza Barú Budú Budía

En 1992 se vivió en los medios argentinos una situación similar cuando la jueza María Servini (ex) de Cubría dictaminó, a raíz de una denuncia anónima, que Tato Bores no la podía mencionar en su programa de televisión por acusaciones se encubrimiento en el caso de lavado de dinero del narcotráfico que involucraban a la familia de la entonces primera dama, Zulema Yoma. Tras darle lugar al pedido de Servini, el segmento donde se la mencionaba no fue emitido y en su lugar se mostró una placa que decía “censura judicial”.

En el programa siguiente un coro de famosos solidarizados con Bores le cantaron a la jueza, sin mencionarla “la jueza Barú Budú Budía ¡es lo más grande que hay!”.

Más allá del humor con el que Tato Bores supo responder a la medida judicial, se trató igualmente de un grave atentado contra la libertad de expresión y un uso irreparablemente indebido de un recurso judicial para proteger la imagen y el honor de una funcionaria pública en ejercicio.

Desde varios sectores de la política han expresado un profundo rechazo a la medida: legisladores tanto del radicalismo como del justicialismo la condenan y a su autor. Este miércoles se espera la reunión de la comisión de libertad de expresión del Senado para determinar interpelaciones a funcionarios, mientras que la de Diputados se encuentra congelada por decisión de su titular, Emilia Orozco (LLA)

En vísperas del aniversario número 50 de la peor dictadura que ha sufrido nuestro país le volvemos a decir nunca más a la censura, la persecución de periodistas y la complicidad del poder judicial.

Nota redactada por Juan Pozos