40 años de la sentencia que le devolvió la esperanza al pueblo

-El 15 de Diciembre del año 1983, el presidente Raúl Alfonsin, a pocos días de recuperar la democracia, sancionó el Decreto N. 158/83 por el cual ordenó someter a juicio a nueve de los

diez integrantes de las tres primeras juntas militares, las cuales fueron el órgano supremo de la dictadura cívico-militar autodenominada "Proceso de Reorganización Nacional" (1976-1983), entre los militares que se hallaban integrados las juntas fueron: Jorge Rafael Videla, Orlando Ramón Agosti, Emilio Eduardo Massera, Roberto Eduardo Viola, Omar Graffigna, Armando

Lambruschini, Leopoldo Fortunato Galtieri, Basilio Lami Dozo y Jorge Anaya.

León Arslanián presidiendo el tribunal durante el Juicio a las Juntas militares.

¿Por qué fueron enjuiciados?

Debido a las graves y masivas violaciones de derechos humanos, crímenes de lesa humanidad como la desaparición forzada de gran parte del pueblo argentino. El tribunal que los enjuició fue la Cámara Nacional de Apelaciones en la Criminal y Correccional Federal, integrada por los jueces Jorge Torlasco, Ricardo Gil Lavedra, León Carlos Arslanián, Jorge Valerga Araoz, Gillermo Ledesma y Andrés J. D'Alessio. El fiscal fue Julio César Strassera junto al fiscal adjunto Luis Gabriel Moreno Ocampo quienes utilizaron como prueba principal el informe de la CONADEP. Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas), titulado "Nunca más", que documentó miles de casos de secuestro, torturas y desapariciones forzadas.

También hay que hacer hincapié en los testimonios: Las voces de las víctimas fueron cruciales y desgarradoras para el juicio. Fueron audiencias públicas con testimonios tanto de familiares como sobrevivientes. Estos relatos detallaron el funcionamiento de los centros clandestinos de detención, donde detallan las torturas y cómo se ejecutaron las desapariciones y asesinatos. Fueron fundamentales para probar el accionar criminal de las Juntas. Éstos testimonios no solo probaron delitos individuales, sino que ayudaron a demostrar que la represión ilegal era parte de un plan sistemático y ordenado desde los más altos niveles de mando del Estado.

Adriana Calvo de Labrode declaró el 29 de abril de 1985. Fue secuestrada el 4 de febrero de 1977.

La recolección de datos y una reconstrucción impecable

Con respecto al punto anterior, nos vale mencionar y resaltar el trabajo del fiscal adjunto, Luis Moreno Ocampo, quien se encargó junto a un excelente equipo de 14 jóvenes, a recolectar, a buscar, a indagar y escuchar todos los testimonios posibles de aquellos familiares, amigos y conocidos que estaban buscando a los desaparecidos. El desafío no era para menos, no podían confiar en casi nadie, ni en la Policía, ni en los custodios, ni en los jueces y mucho menos los militares. En este equipo de jóvenes, casi todos eran universitarios, chicos que buscaron incesantemente pruebas, documentos y testimonios. No tenían pruebas de que alguno de los imputados habían torturado a alguien con sus manos, en lugar de investigar un homicidio, debían aclarar lo ocurrido con miles de personas que habían sido secuestradas, torturadas o en el peor de los casos “Desaparecidos”.

El fiscal adjunto Luis Moreno Ocampo junto al fiscal Julio Strassera, conversan con una madre de plaza de Mayo durante el juicio.

Aquella perla secreta en la Docta

Cuando hablamos del Juicio a las Juntas, no nos alcanza con mostrar los casos en la Provincia de Buenos Aires, debemos recordar también aquellos ocurridos en nuestra Córdoba. Nos vale mencionar el caso de la abuela Sonia Torres, quien buscó hasta sus últimos días a su hija Silvana, su nuero Daniel Orozco y su nieto quien nació en cautiverio. Tampoco podemos dejar de lado como los jefes de este “Proceso de Reorganización Nacional” usaron el conocido Hospital Rawson para la tortura, represión y ocultamiento de cuerpos y sustitución de identidades. Aunque esto parece sacado del cuento de terror más espeluznante de todos, pero no fue ni será un cuento, fue una verdad que vivió nuestra Nación, nuestra provincia, nuestra Docta.

Luciano Benjamin Menendez intentando apuñalar a manifestantes que le gritaban cobarde (1984)

La sentencia

Se dictó el 9 de diciembre de 1985 donde se condenó a los cinco militares acusados y absolvió a cuatro. Videla y Massera fueron condenados a reclusión perpetua con destitución, Viola con 17 años de prisión, Lambruschini a 8 años, Agosti a 4 años y 6 meses de prisión; todos con destitución. El resto de acusados, Graffigna, Galtieri, Lami Dozo y Anaya fueron absueltos (algunos fueron condenados posteriormente por otras causas). El Tribunal consideró que en ese entonces las juntas militares habían elaborado un sistema represivo ilegal que hubiera garantizado su impunidad. De igual forma, se ordenó también enjuiciar a todas las personas que tuvieron responsabilidad

operativa en las acciones criminales pobladas en el juicio, pero entre 1986 y 1990 cerraron los juicios por lesa humanidad por las llamadas "Leyes de Impunidad", pero no perduraron mucho

en el tiempo ya que en 2003 fueron anuladas durante el mandato de Néstor Kirchner y los juicios fueron reabiertos, condenando y encarcelando a cientos de criminales (aunque también hubieron varios que solo fueron condenados a prisión domiciliaria).

Alegato final

Vale recordar éste juicio por el reconocido alegato final del fiscal Strassera (y acompañado por

Ocampo) donde cerró su exposición e hizo un resumen contundente de las pruebas donde convirtió una frase en un símbolo de la justicia y la democracia argentina:

"Señores jueces: quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces: ¡Nunca más!"

El Juicio tuvo una gran trascendencia no solo regional, sino internacional, demostrando que era posible juzgar los crímenes cometidos por regímenes militares a través de las instituciones de la democracia y el movimiento del pueblo argentino quienes por cuenta propia pudieron reubicar a la democracia argentina sin la necesidad de contar con cambios de régimen drásticos o tribunales internacionales. A 40 años, el Juicio a las Juntas sigue siendo una esperanza cuando se consideró que todo se encontraba perdido. Continuar con la búsqueda de quienes nos faltan y la afirmación de que la memoria, la verdad y la justicia no son demandas, sino una promesa inquebrantable.

Comunicar es intervenir en lo social

Llama la atención que un día después de la conmemoración de un hecho tan importante como lo fue la sentencia a las Juntas militares, se célebre el día del comunicador social. Queremos detenernos en este punto, ¿por qué elegimos comunicarnos? ¿Cuál es nuestro propósito? En épocas en donde todo está en constante duda, en donde el contexto festeja más el cinismo que la coherencia/crítica constructiva, nos parece importante traer la voz de uno de los grandes del periodismo argentino, el intrépido Rodolfo Walsh: “Sin esperanza de ser escuchado, con la certeza de ser perseguido, pero fiel al compromiso que asumí hace mucho tiempo de dar testimonio en momentos difíciles”, quien nos recuerda que sin importar la adversidad, el contexto y el miedo que nos pueden imponer, tenemos que ser firmes en comunicar con la verdad, porque nuestro compromiso es con el pueblo, para el pueblo y por el pueblo.

Uno de los maestros del comunicador/periodista, Rodolfo Walsh.

La palabra, la voz, la redacción, la fotografía, la grabación y todas las demás herramientas del comunicador nos permiten transmitir no solo la información y sucesos, sino además el sentido, lo que pensamos, sentimos, reflexionamos y analizamos en debates, charlas, coberturas, etc. Para finalizar, nos gustaría decirles a aquellos comunicadores en proceso y a ellos que todavía no se animan a dar el paso, que se animen, pero no por el éxito, ni fama, ni dinero, si no por el compromiso social de comunicar las verdades que incomodan, poner sobre la mesa lo que no se discute e invitar siempre al análisis crítico y constructivo.

Escrita por Santiago Diaz y Zoe Cabrera