Reforma laboral: letra muerta o letra viva, dos miradas, una realidad.

Luego de una sesión maratónica en el Congreso, con manifestaciones en la calle y lograda la media sanción de la reforma por el oficialismo, desde El Ancla te traemos un análisis exhaustivo con datos de primera mano. Además entrevistamos a dos referentes en materia laboral periodística: por un lado, María Ana Mandakovic, Secretaria General del Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación de Córdoba (Cispren), quien nos planteó su posición como dirigente gremial y por el otro, Andrés “Andy” Ferreyra, reconocido periodista y movilero de Córdoba quien trabajó en Canal 12 hasta que fue despedido. Además de realizar tareas como profesional independiente, él es emprendedor y lleva adelante una pizzería en Carlos Paz. Una situación habitual de muchos trabajadores, que realizan varias actividades para sobrevivir.

Se aprobó la media sanción de la “Ley de Modernización Laboral”

El resultado se conoció luego de una sesión maratónica, que comenzó el miércoles y se extendió hasta la madrugada del jueves 12 de febrero. Antes del acto administrativo, la senadora Patricia Bullrich adelantó que el paquete presentado por el Ejecutivo tuvo 28 modificaciones. Calificó las mismas, como “fruto de negociaciones con el bloque de la UCR, y los representantes de Provincias Unidas”. Mientras se discutía la ley, afuera, en la calle, dirigentes gremiales, organizaciones sociales y encapuchados llevaron a cabo manifestaciones en contra del proyecto. Hubo enfrentamientos con la policía, heridos y detenidos en lo que va a ser uno de los temas centrales de la agenda política nacional. 

¿De qué se trata esta reforma?

El proyecto de ley busca en sí eliminar legislaciones anteriores como el “Estatuto Profesional del Periodista” y excluye figuras legales, como la de “prestadores independientes de plataformas tecnológicas” de la Ley de Contrato de Trabajo. Además flexibiliza condiciones de trabajo y contratación. 

Entre sus medidas, crea el “banco de horas”, para compensar las horas trabajadas de más (horas extra) con días libres o jornadas de trabajo reducidas. Cabe aclarar que mantiene la opción de pago de las horas extra (plus del 50% para días hábiles y 100% para feriados) pero suma la compensación como otra posibilidad. 

Así mismo, plantea el “Fondo de Asistencia Laboral” (FAL), que permite asegurar mes a mes la indemnización. En caso de que el fondo no alcance para pagar la indemnización, el empleador deberá afrontar la diferencia. El aporte del 1% de las grandes empresas y del 2,5% para Pymes se compensará con descuentos en el pago de cargas sociales, lo que impactará en el sistema jubilatorio. Este seguro por despido, será optativo y quienes deseen podrán continuar con el sistema actual.

En tanto, las indemnizaciones no incluirán  vacaciones ni “premios adicionales” en el cálculo oficial. Y en los juicios laborales, las mismas se actualizarán por inflación, con un plus del 3% anual. Asimismo, las grandes empresas podrán pagar sentencias laborales en 6 cuotas y las Pymes tendrán hasta 12 cuotas mensuales. 

También, el proyecto incorpora como “servicios esenciales” a telecomunicaciones, aeronáutica comercial, el control de los puertos, los servicios aduaneros y la educación en todos sus niveles, salvo la universitaria. Y agrega como “servicios de importancia trascendental”, que deben prestar una atención mínima del 50%, a la industria en general y de medicamentos, al transporte de pasajeros y mercadería, a la radio y TV, al correo, al agro, a los bancos, hoteles y gastronomía entre otros.

Además establece que las asambleas de personal y juntas de delegados no pueden afectar el desarrollo de la empresa y deben contar con autorización del empleador. El trabajador no cobrará por ese tiempo. 

Desde el gobierno plantean que el objetivo de la ley es generar un aumento de puestos de trabajo registrado, que no crece desde hace más de una década y terminar con “la industria de los juicios laborales en Argentina”. De esta forma, impulsa un régimen de blanqueo para los empleadores que cuenten con trabajadores no registrados. El mismo contempla que, por un plazo de 6 meses, el Estado no iniciará acciones legales por la evasión de las empresas. Se les condonarán multas y una parte de la deuda de los aportes. Incluso, se financiará la deuda de los empleadores en 72 cuotas. 

Posición de los sindicatos

Los sindicatos marcaron su oposición a la ley desde el momento en que fue anunciada, esgrimiendo la quita de derechos conquistados y lo que ellos denominan un retroceso en materia laboral. “La opinión es totalmente negativa. Es una reforma laboral que ataca a los trabajadores, a los sindicatos, a la cultura, a la comunicación y al periodismo. En sus últimos artículos deroga la 12.908 (el estatuto profesional del periodista), deroga la ley que reglamenta a los trabajadores administrativos dentro de los medios de comunicación y también deroga el capítulo cinco de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual; que es realmente un ataque a la cultura que se genera a partir de las relaciones laborales” alegó la secretaria del Cispren. Y continuó: “Es gravísimo, porque desfinancia los medios públicos, desfinancia el Incaa, a las asociaciones de músicos que también defienden el trabajo de los músicos. Es un ataque concreto a cómo se puede garantizar la producción cultural desde una perspectiva de los trabajadores y las trabajadoras. Ataca a las asociaciones sindicales desde derechos básicos sobre cómo garantizar una asamblea, plantea que van a descontar las horas que hagas asamblea, atacan el derecho a la huelga”.

Recordemos que las organizaciones sindicales habían sido fuertemente afectadas al retirarse la obligatoriedad de los aportes y las cuotas solidarias para trabajadores no afiliados, en noviembre de 2025 con el DNU 149/2025. Sin embargo, una de las modificaciones fue sobre este punto, en el cual el gobierno dió marcha atrás con la voluntariedad de los aportes sindicales y su eliminación para 2028. Ahora se mantiene el financiamiento, con los mismos porcentajes (6% a las obras sociales sindicales y 2% para aportes solidarios). 

No obstante, la Confederación General del Trabajo, confirmó un paro general para este jueves 19, sin movilización, en contra de la reforma laboral y en defensa del derecho de huelga. La medida de fuerza se llevará adelante justo el mismo día en que se trate el proyecto de ley en la cámara de diputados. La CGT ratificó que no habrá transporte. 

¿Qué es el Estatuto Profesional del Periodista?

El Estatuto Profesional del Periodista, si bien nunca se instrumentalizó, está vigente desde 1946. Regula funciones, derechos y condiciones laborales específicas para periodistas, como el escalafón profesional y un régimen indemnizatorio especial, que protege la libertad de trabajo en los medios. La derogación impacta en esta protección, lo que genera un fuerte rechazo en los trabajadores de prensa, quienes consideran que se precariza aún más la actividad y se atenta contra la libertad de expresión e información: “El estatuto es una ley nacional que más allá de defender las condiciones de trabajo de los trabajadores y trabajadoras de prensa tiene como objetivo defender la libertad de expresión y el derecho a la comunicación; el acceso a las fuentes que son tareas básicas que necesitamos realizar los periodistas para poder producir una información que intente ser la búsqueda de la verdad y la excelencia informativa. Si se avanza contra eso es todo más complicado”, sostuvo la dirigente. 

La situación de los medios en Córdoba 

Ante el interrogante sobre el estado actual de los medios de comunicación de Córdoba y del país, Mandakovic respondió: “El estado actual de los medios de comunicación de Córdoba y del país es bastante deplorable por distintos motivos. Nosotros venimos de muchos años de precarización, de flexibilización laboral y hoy se le suma el pluriempleo, con salarios que están por debajo de la línea de la indigencia y una gran concentración del poder mediático”. Así mismo, sostuvo que los puestos de trabajo que se pierden ya no se recuperan más. Y mencionó el rol emprendedor en los comunicadores: “Aparecen distintas expresiones en materia de lo autogestivo, cooperativas de trabajo de compañeros y compañeras especializados en comunicación y egresados de universidades públicas y privadas que resuelven organizarse para hacer su trabajo y producir información”. También se mostró preocupada por el contexto de concentración de medios privados y el desfinanciamiento y vaciamiento de medios públicos. Por su parte, el periodista Andy Ferreyra agregó: “Antes los camarógrafos solo eran camarógrafos, hoy son técnicos, manejan la mochila, que es el instrumento que emite señal, y además tienen que ser fotógrafos y filmar los reels de las redes de la empresa mediática”. 

Las condiciones afectan el ejercicio de la profesión 

Así mismo, la dirigente gremial aseguró que estas condiciones laborales afectan al periodismo: “Terminamos reproduciendo la información que circula en vez de producir una información de calidad. Prácticamente ya no se hace periodismo de investigación. Difundir noticias no significa hacer periodismo. Hacer periodismo requiere cumplir determinados pasos como contextualizar, chequear fuentes, garantizar prioridad de fuentes, redactar bien, un montón de pasos que supone la producción de información de calidad que hoy no se cumplen”. Según la representante, que además es docente en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UNC, la actividad mediática responde a una dinámica exigida por las redes sociales en cuanto a la circulación de información, con el fin principal de llamar la atención.

La realidad del trabajo

Ahora bien, se supone que si te contratan como camarógrafo, tenés que ser camarógrafo y limitarte a las tareas propias de dicho rol. Sin embargo, esto no ocurre, ni siquiera en los trabajos en blanco, ¿Qué les queda entonces a los trabajadores en negro?. La escasa puesta en práctica de la ley y las sanciones judiciales tardías o nulas han provocado un descreimiento de la justicia en general y de la ley en particular. Es preciso reconocer la inclinación de la balanza en pos del más fuerte económicamente: “en las mediaciones laborales se termina acordando condiciones paupérrimas que son impuestas por las empresas mediáticas” criticó Ferreyra. Y agregó: "me interesa decirles de esa manera, (empresas mediáticas) que tal vez siempre lo fueron, pero antes tenían la delicadeza de autodenominarse medios de comunicación y parece lo mismo pero no lo es”. Esta expresión me recuerda a la definición de medio de comunicación como un servicio esencial que posibilita el derecho fundamental a la libertad de expresión, y la diferencia radica en que si los medios solo se definen como empresas, que solo buscan un rédito económico, poco importa el contenido, cuando solo importa vender. 

Uno de los principales fundamentos del gobierno gira en torno al rol de la justicia y al marco legal, que sostienen, está desactualizado y necesita una adaptación a los tiempos que corren. El mismo Andy Ferreyra, confesó: “los convenios de trabajo y el estatuto profesional del periodista están, rigen, en honrosas excepciones se cumplen, pero en general, en la amplia mayoría son documentos que representan letra muerta”, ratificando que las decisiones se toman en favor de los empresarios mediáticos. Sin embargo, la reforma laboral no solo apunta a la actividad periodística, abarca la totalidad de las actividades laborales en el país y encontró en un contexto de crisis la oportunidad para justificarse. 

La industria del juicio: origen del término y fragilidad de las Pymes. 

Mucho se habla de la “industria del juicio”, pero ¿Cuáles son los datos que refuerzan o desmienten este planteo?. Luciano Ciaravino, abogado laboralista de Córdoba fue tajante y dijo: “No existe una industria del juicio; en relación a 600.000 juicios que se inician en la provincia, los juicios laborales son apenas 18.000 por año aproximadamente”. En la provincia se calcula que hay 49.272 empresas privadas (según el índice interbanking de 2024); a razón de 18.000 juicios por año, se calcula alrededor de un 37% de empresas afectadas (en caso que cada juicio corresponda a una empresa distinta). 

A nivel nacional, La Unión de Aseguradoras de Riesgos de Trabajo registró en todo el país 125.842 casos judiciales en 2024. A razón de 554.600 empresas formales (informe de Fundar), los juicios laborales afectarían a un 33% de las empresas registradas. La Cámara Argentina de la Pequeña y Mediana Empresa, asegura que más del 50% de las pymes enfrentan litigios laborales con costos desproporcionados. Las pymes constituyen la mitad del empleo formal y en 2025 llegaron a ser 515.599 según la Universidad del CEMA; entonces la gran mayoría de empresas en Argentina son pequeñas. 

La teoría de la industria del juicio se plantea en base a la doctrina Barrios: un fallo de la Corte Suprema bonaerense que actualiza los montos de las indemnizaciones a lo largo del proceso judicial. Los empresarios aducen que no se respeta la sugerencia de la Corte que indica: “evitar que el reconocimiento patrimonial final del capital exceda el valor real de la prestación debida”. 

Se supone que si el empresario cumple con la ley no deberían iniciarse medidas legales por parte del trabajador. Según el abogado laboralista la mayoría de las pymes no terminan fundidas por un juicio laboral, “antes por juicio de ejecuciones fiscales, por deudas con el banco, o por vaciamiento”. El problema es que si cierran las pymes no hay trabajo registrado y la informalidad crece por lo que las posibilidades de jubilarse disminuyen.

Cabe mencionar, que los trabajadores registrados en el país son 6,19 millones según la Secretaria de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación. Es el número más bajo registrado desde 2022. Además el empleo formal no crece desde hace 15 años. Según el Indec, el 48,3% de los trabajadores son asalariados formales (es decir, que cobran un salario y cuentan con descuento jubilatorio, vacaciones pagas, entre otros beneficios sociales). El 26,8% restante se encuentra como asalariado no registrado (cobra un sueldo por su trabajo, pero no está “en blanco”), el 22% son cuentapropistas (sus ingresos no provienen de un salario pagado por un empleador, sino de actividades que realizan de forma autónoma y tampoco realizan aportes) y el 2,9% son patrones. 

En Argentina es tan delicada la situación que cada vez tenemos menos empresas. Los altos costos, las cargas impositivas y lo mucho que cuesta mantener a un empleado en blanco son agravantes comunes a la hora de emprender. 

Otro de los argumentos del gobierno es la burocracia administrativa y la antigüedad de las normas laborales, que desembocan en un estancamiento económico y dificultan el cumplimiento de la ley. Patricia Bullrich, senadora de LLA,  remarcó en la mesa de Mirtha Legrand el sábado pasado que “hay 12 empresas por cada 1000 habitantes”. Estos números provienen de un estudio del Observatorio Pyme, que ubica a la Argentina muy abajo en el ranking en comparación con Uruguay (61), Chile (58) y Brasil (26) por ejemplo. 

Argentina: tierra de oportunidades 

La situación es compleja: si bien los juicios laborales no son una industria como tal, si existen y los empresarios cargan la responsabilidad sobre la legislación laboral: “las empresas contratan más gente cuando la economía crece y cuando las reglas laborales no generan incertidumbre, en Argentina la actividad está estancada desde hace más de una década y las normas laborales desalientan la contratación”, expresó Jorge Colina, presidente del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa). 

Los empleadores no quieren ceder y apuestan por la reforma si o si. El gobierno defiende la reforma con el objetivo de “blanquear” el trabajo informal. Los gremios se oponen por cuestiones ideológicas y económicas que determinan su participación en la mesa. Los trabajadores subsisten como pueden, emprendiendo, trabajando por su cuenta, creando cooperativas y trabajando, siempre trabajando. 

Pareciera que aquellos en condiciones de contratar no están dispuestos a hacerlo, al menos con el marco regulatorio actual; por estar inmersos en un proceso de especulación constante, dependencia al dólar y una inflación patológica en la economía de nuestro país, que roza el sobreprecio. Las intenciones de algunos empresarios, lejos de estar enfocadas en generar puestos de trabajo, evitan la competencia y avalan, por no decir que quieren, el monopolio del lucro. Eso con respecto a los grandes jugadores, mientras que las pequeñas empresas, que están saturadas de impuestos, si tienen miedo de contratar porque cualquier turbulencia significa una amenaza de quiebra. Mientras el trabajador, la fuerza que permite que la rueda gire, vacila entre oportunidades que encuentra o que inventa. 

Venimos de sufrir una crisis que no comenzó hace dos años, empresarios, gremialistas y trabajadores coinciden en esto: hace más de 15 años no se genera empleo real, regulado y en blanco. ¿La reforma propone cambios estructurales que favorecen al empresario?, si. ¿Teníamos una ley que era favorable a los trabajadores?, si, pero no se la respetaba por lo que se volvía ineficaz. ¿Esta ley habilita la creación de nuevas empresas?, depende, de un acuerdo profundo con las provincias, de incentivos a las pymes y del ingenio incansable del trabajador argentino. 

Es hora de despertar, de convertir la letra muerta en viva y no esconderse en un mundo hipócrita que tiene banderas comunistas pero billeteras virtuales. Esperemos que los emprendedores de hoy no se den por vencidos, que mantengan la esperanza en alto y las ganas de salir adelante, porque no se trata de un gobierno se trata de un país; se trata de una patria que necesita de nuevos hombres y mujeres protagonistas que tomen las riendas del futuro y nos conduzcan a la prosperidad. 

Escrito por: Rafael Nicolás Rodriguez